Artículo 39 bis, primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Chihuahua.
El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Chihuahua, es el órgano jurisdiccional dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, encargado de dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública, estatal y municipal, y los particulares; imponer las sanciones a las y los servidores públicos estatales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública estatal o municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales o municipales.
Fecha de creación del Tribunal
Mediante Decreto No.LXV/RFCNT/0362/2017 VI P.E., publicado en el Periódico Oficial del del Estado, con fecha 30 agosto 2017, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado, a efecto de adecuar nuestro marco jurídico a las previsiones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción y, con ello, implementar el Sistema Estatal Anticorrupción.
Durante el proceso de construcción del Sistema Estatal Anticorrupción, diversos sectores de la sociedad manifestaron la pertinencia de crear un organismo jurisdiccional encargado de la impartición de justicia en materia administrativa.
Este Tribunal nace con los elementos plasmados en el artículo 116, fracción V, de la Constitución Federal, es decir, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, y procedimientos.
Con fecha 02 de septiembre de 2019, entra en funciones. La sesión correspondiente tuvo lugar en la sede del H. Congreso del Estado de Chihuahua.
Enlace al Decreto No.LXV/RFCNT/0362/2017 VI P.E.
Enlace al Dictamen de las Comisiones Unidas Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales, y Transparencia y Acceso a la Información Pública